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El Congreso aprobó una reforma legislativa bipartidista integral para actualizar la regulación de sustancias químicas en el mercado por primera vez en 40 años, así modernizando la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). La Ley de Seguridad Química Frank R. Lautenberg para el Siglo XXI (LCSA) fue firmada y promulgada por el presidente Obama el 22 de junio de 2016.

Una supervisión federal más efectiva dará mayor confianza a los estadounidenses en que las sustancias químicas en el mercado son utilizadas de forma segura. Un sistema de regulación federal más fuerte puede reducir la necesidad de iniciativas a nivel estatal en relación a sustancias químicas que pueden ser inconsistentes, impedir el comercio entre estados y confundir a los consumidores.

La nueva ley proporcionará certeza en cuanto a la regulación en el mercado global, al mismo tiempo protegerá la salud pública y el ambiente.

Al reformar la TSCA, la LCSA realiza cambios que crearán un sistema federal de regulación de sustancias químicas más sólido. Según la LCSA, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. llevará a cabo una revisión basada en el riesgo de todas las sustancias químicas en el mercado.  Las revisiones de riesgos de EPA deben considerar los daños potenciales, los usos y las exposiciones, de manera tal que sus conclusiones reflejen las circunstancias del mundo real.

La ley también:

  • requiere que EPA establezca prioridades respecto a las sustancias químicas para que las consideradas de "alta prioridad" se revisen primero;
  • requiere que EPA considere a los grupos vulnerables, como bebés, mujeres embarazadas y personas mayores cuando revise la seguridad de las sustancias químicas;
  • hace que sea más fácil para EPA exigir a los fabricantes que realicen más pruebas de seguridad de las sustancias químicas y que proporcionen más datos;
  • requiere que EPA establezca una determinación de seguridad aprobatoria antes de que se permita el ingreso de una nueva sustancia química en el mercado;
  • brinda a EPA una autoridad clara para gestionar los riesgos que presentan las sustancias químicas;
  • establece plazos firmes para que EPA complete su trabajo.
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